1ª edición.

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17ª edición.

El 14 de enero de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión. En ella se advierte sobre la apremiante necesidad de promoción y protección eficaz de los mismos y ello por cuanto "son el fundamento de la democracia en Europa y representan condiciones esenciales para la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia". Prácticamente un año antes se había proclamado, de forma solemne y por segunda vez, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dicho texto, que todavía no ha adquirido eficacia jurídica vinculante y que, sin embargo, sí ha sido recogido por nuestro país en la LO 1/2008, de 30 de julio, ha sido objeto de numerosos estudios. Con todo y aunque algunos de ellos son de gran calidad, es un hecho cierto que sigue sugiriendo incógnitas y que las mismas se incrementan al ponerse en relación con sus rúbricas concretas. Tal vez una de las más silenciadas sea la relativa a la Justicia donde precisamente se recogen los tradicionales y nada irrelevantes derechos del justiciable. Ni que decir tiene que los mismos se refieren tanto al acceso a los tribunales, como a la condición de parte en un proceso a desarrollar ante sus titulares y, por supuesto, a las que serían sus garantías esenciales. Esta obra camina en la dirección requerida por las instancias comunitarias y lo hace centrando su atención en esos derechos fundamentales de naturaleza procesal que son, en realidad, los que, en tanto en cuanto posibilitan su efectiva aplicación, dan vida a los demás derechos, fundamentales o no. Desde luego, es aspiración común de todos los autores que los trabajos aquí recogidos se conviertan en instrumento útil para la mayor visualización de aquellos derechos y además y sobre todo para su mejor conocimiento y aplicación. Para ello, el libro se estructura, como la propia Unión, sobre la base de tres pilares. Tres pilares que descienden desde lo general a lo particular y que, por esa razón, permiten realizar un análisis preciso, práctico y comparado del estado de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos de referencia.

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